Desde un enfoque de derechos humanos, un proyecto de investigación enmarcado en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales (FCEJS) tiene por objetivo analizar el cumplimiento de diversas obligaciones estatales sobre derechos de las juventudes en torno a tres (3) áreas: educación, trabajo remunerado y no remunerado (cuidados) en la provincia de San Luis. La principal hipótesis del estudio sustenta que las medidas y acciones del Estado, tanto en su diseño normativo como implementación para el cumplimiento del derecho a la educación y al trabajo de las juventudes, evidencia la ausencia de estándares de derechos humanos, en particular, el de igualdad y no discriminación, y participación social y empoderamiento.
Yussef Becher, Abogado y Especialista en Políticas del Cuidado con Perspectiva de Género, dirige un proyecto que fue seleccionado dentro de la convocatoria a Proyectos de Investigación Iniciales (PROINI), una iniciativa de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) que busca potenciar la ciencia. A través del mismo, el equipo indagará el cumplimiento de obligaciones que el Estado provincial tiene respecto a las juventudes.
El estudio se centra en un periodo particular que abarca los años 2016 hasta el 2024. Se trata de un rango significativo dado la extensión del periodo lo que en materia de derechos humanos, y en particular por la metodología que se empleará, es un tiempo propicio para poder analizar la progresión en el cumplimiento de los derechos. Por otra parte, durante esos años la Provincia efectuó importantes cambios en lo relativo a las juventudes como colectivo socio-generacional y también en las políticas adoptadas por el Estado en torno a los jóvenes.
«Permeado por motivaciones políticas es que el Estado empezó a colocar a los jóvenes en un lugar de mayor protagonismo, y a implementar programas, medidas e incluso impulsar normativas e infraestructura (…) En el año 2017 se creó la Secretaría de las Juventudes, la cual ya tenía antecedentes previos pero no el rango institucional de una Secretaría que a su vez se la equiparaba a un Ministerio, entonces poder analizar ese período en particular nos resultó muy atractivo en lo relativo a los derechos», explicó el actual coordinador académico de la Maestría en Sociedad e Instituciones.
Para indagar desde el enfoque de derechos humanos en relación a cómo se ha cumplido con estas obligaciones y medir el cumplimiento de los derechos, se apelará a los indicadores de progreso que plantea el Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador (GTPSS), de corte cuantitativo y cualitativo, que permiten conocer las percepciones de los jóvenes a los cuales se dirigen estas políticas que ha implementado el Estado.
El investigador explica en su proyecto, que el Gobierno provincial denota el compromiso de garantizar el derecho a la educación y al trabajo de las juventudes; por consiguiente, centrar el análisis en tales derechos permitirá una visión de largo alcance acerca del grado de cumplimiento de las obligaciones del Estado provincial. En consecuencia, surge como pregunta de investigación: ¿Cómo ha garantizado el Estado provincial, desde el enfoque de derechos humanos, el derecho a la educación y trabajo (remunerado y no remunerado) de las juventudes durante 2016-2024?. En cuanto a las categorías teóricas, se recurrirá a desarrollos sobre enfoque de derechos humanos; derechos de las juventudes; derecho al cuidado; políticas sociales; perspectiva generacional e interseccional.
«Por las características del problema de investigación nos pareció que la información con la que nos íbamos a encontrar iba a ser de tipo documental y estadística (…) Vamos a apelar a la Escuela Nacional sobre Uso del Tiempo que nos brinda mucha información acerca del trabajo no remunerado que se realiza a nivel nacional (…) También realizaremos entrevistas y observación participante con este interés de conocer las percepciones de los jóvenes en relación a medidas, programas y políticas», explicó Becher y añadió que se enfatizará un eje transversal en el enfoque de los derechos humanos como es el «empoderamiento» y analizar si las políticas modifican lógicas de poder. «Lo que nos interesa saber es si estas políticas reproducen algún tipo de práctica adultocéntrica que restringa los derechos y potencialidades de las juventudes», dijo.
Aporte social
El Abogado remarcó que es relevante contar con datos rigurosos acerca del cumplimiento de obligaciones estatales sobre los derechos de los jóvenes. Este estudio brindará un tipo de información que podrá ser utilizada por cualquier ciudadano que se interese por conocer si los derechos de las juventudes se están cumpliendo o no y cuál es el grado de la progresión en el cumplimiento de esos derechos. Son datos que también podrán ser útiles para diferentes organizaciones no gubernamentales a los fines de conocer cuál es la situación de los jóvenes en San Luis y a partir de ello motivar los correspondientes reclamos.
«Todo derecho tiene una dimensión o una faz vinculada a su exigibilidad que es aquello que está relacionado con el acceso a la justicia, de modo que el no cumplimiento de un derecho motiva la posibilidad de iniciar un reclamo judicial o administrativo. Esta también es una forma de comprender el acceso a la justicia en sentido amplio, y poder contar con ese tipo de información producida académicamente demuestra la relevancia que va a tener para la sociedad y para el Estado», concluyó el investigador.
Fotos: Prensa FCEJS