La construcción de Memoria, basada en la verdad y la justicia como principios ético-políticos, educativos y sociales resulta fundamental para el desarrollo de un pensamiento crítico y comprometido. Este nuevo aniversario del golpe de Estado que, 44 años atrás, instalaron las fuerzas cívico-militares-eclesiásticas-empresariales en nuestro país, es una ocasión importante para seguir ampliando las reconstrucciones y continuidades que en materia de derechos humanos hoy trascienden el reclamo de justicia de víctimas y familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad, para atender la problematización de otros derechos que siguen condenando al hambre y a la miseria a buena parte de una ciudadanía que demanda respuestas.
En este marco complejo, la Universidad se constituye como un espacio primordial de ejercicio democrático a través de ámbitos de participación y debate, educación y producción que abonan a la comprensión histórica de la realidad nacional y latinoamericana frente a la promoción, desde algunos sectores, de actitudes negacionistas y de colonización económica. A través de mecanismos como la especulación financiera profundizan niveles insostenibles de endeudamiento que condenan a la servidumbre a los gobiernos electos democráticamente y alientan lógicas represivas que pujan permanentemente por instalarse.
Cobra impulso, en este sentido, un Nunca Más que también haga justicia con los grupos responsables de destruir la capacidad de ahorro de nuestro Estado y llevarlo a la bancarrota; un «Nunca Más» que profundice la equidad y diversidad de género a través de la deconstrucción de estructuras patriarcales; un «Nunca Más» a las variadas formas de colonización de la subjetividad que ofrecen los medios hegemónicos o las ofertas mercantilistas de educación. Un Nunca Más a la violencia institucional y a todo tipo de violencia que aún permanece invisibilizada.
El contexto regional e internacional, signado por la instrumentación de políticas neoliberales y conservadoras, encuentra a la comunidad universitaria movilizada activamente comprometida con sus territorios, reafirmando el cambio de rumbo decidido por la mayoría del pueblo argentino. En este sentido, sostenemos ue la educación superior es un bien público y social, colectivo y estratégico para garantizar la democratización del conocimiento, el desarrollo y dignidad de los pueblos y la plena vigencia de los derechos humanos.
Por ello, inscribimos nuestras luchas y reafirmamos:
- Los principios declarados en la Conferencia Regional de Educación Superior 2018, especialmente en lo que refiere a la “Educación superior como un bien público social, un derecho humano y universal, y un deber de los Estados”. Principio básico que se sostiene en la existencia de universidades públicas, gratuitas e inclusivas, que median estrategias capaces de lograr el ingreso y permanencia de los y las estudiantes, en el marco del respeto a la libertad de pensamiento y la pluralidad cultural. Es rol esencial del Estado garantizar este derecho financiando debidamente a las instituciones universitarias, remunerando con justicia a los/las docentes y trabajadores e implementando políticas de inclusión social. Y, es tarea de todas y todos profundizar una cultura de los derechos humanos como política de estado, independientemente del signo político que gobierne.
- La necesidad de consolidar un modelo de universidad público crítico y comprometido que, abandone lógicas endogámicas, contribuyendo en procesos de transformación social donde promueva modelos educativos y culturales enfoques extracéntricos, decoloniales, de género y con sentido humanista y ambiental en sus prácticas. En una Universidad crítica y comprometida, las mujeres, las organizaciones sociales, las comunidades originarias y afrodescendientes, personas migrantes, los colectivos LGBTTTIQ, las y los adultos mayores, las personas privadas de su libertad, y todos aquellos sectores sociales históricamente excluidos, cumplen un rol preponderante y significativo.
- El compromiso ineludible con la Democracia y la plena vigencia del Estado de Derecho, como garantía de respeto a los derechos humanos, sociales, políticos, económicos y culturales del pueblo que se expresa a través del principio de autonomía, la producción y circulación del conocimiento crítico sobre la realidad para fortalecer los lineamientos de observación y propuesta para la formulación y gestión de políticas públicas que cobran vigor a través del trabajo territorial.
Tal como se concluyó en la CRES 2018, reafirmamos que: “las instituciones de educación superior están llamadas a ocupar un papel preponderante en la promoción y el fortalecimiento de las democracias latinoamericanas, rechazando las dictaduras y los atropellos a las libertades públicas, a los derechos humanos y a toda forma de autoritarismo en la región”. Esto nos alienta y exhorta a continuar un camino de construcción democrática e inclusiva.
Red Interuniversitaria de Derechos Humanos – CIN