La decisión fue adoptada por el Consejo Superior en su sesión de hoy 17 de marzo. El cuerpo exigió al Poder Ejecutivo Nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y dispuso continuar acompañando las acciones judiciales impulsadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) declaró la emergencia salarial y presupuestaria en la Institución, en el marco de la crítica situación que atraviesa el sistema universitario argentino.
La definición fue adoptada durante la sesión realizada el 17 de marzo de 2026, donde el órgano de gobierno de la Universidad analizó el impacto que el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario Nº 27.795 tiene sobre el funcionamiento de las universidades públicas.
En ese contexto, el Consejo Superior exigió al Poder Ejecutivo Nacional el cumplimiento efectivo de la Ley, sancionada por el Congreso de la Nación, cuyo objetivo es garantizar el financiamiento adecuado del sistema universitario y la recomposición salarial de las y los trabajadores docentes y nodocentes.
Desde el cuerpo se señaló que la falta de aplicación de esta normativa afecta directamente el desarrollo de las funciones sustantivas de la Universidad —docencia, investigación y extensión—, así como las tareas de gestión que hacen posible su funcionamiento cotidiano.
Al mismo tiempo, la insuficiencia de recursos impacta de manera directa en las políticas de bienestar estudiantil, afectando particularmente la asignación y sostenimiento de becas para estudiantes, herramientas fundamentales para garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso en la educación superior.
Asimismo, el Consejo Superior instruyó al Rector a dar continuidad a las acciones judiciales iniciadas en conjunto con el CIN, orientadas a exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la garantía de los recursos necesarios para el sostenimiento del sistema universitario público.
A través de esta declaración, la UNSL reafirma su compromiso con la defensa de la educación superior como derecho social y bien público, y con el sostenimiento del sistema universitario argentino como herramienta fundamental para el desarrollo científico, cultural y social del país.