La Universidad Nacional de San Luis (UNSL) desde el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) para la aplicación del Protocolo institucional ante situaciones de violencia de género, identidad de género y discriminación, se pliega al reclamo de las organizaciones de Derechos Humanos, sociales, políticas, feministas y del movimiento LGBT a fin de que la provincia de Tucumán adhiera a la Ley Nacional Nº 27.499 de capacitación obligatoria en el abordaje de las problemáticas de Género y violencias contra las mujeres para todas las personas que integran los tres (3) poderes del Estado en todos sus niveles y jerarquías, reconociendo la urgencia que amerita abordar las situaciones de violencias bajo el respeto irrestricto de los Derechos Humanos y de la perspectiva de género.
La provincia de Tucumán es la única de Argentina que no ha adherido a la misma según la invitación plasmada en el Art. 10 de la referida norma denominada Ley Micaela.
Ante esto es fundamental plantear que dicha Ley se ve implementada en un contexto social donde mujeres y niñas son asesinadas cada 30 horas y los perpetradores de estos crímenes son los varones.
Es por ello que resulta imposible pensar la gestión de organismos públicos sin tener como parámetros éticos y políticos la doctrina de los Derechos Humanos, específicamente la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem Do Para).
Micaela García, una joven comprometida socialmente fue víctima de violación y posterior femicidio en Entre Ríos durante el año 2016 y encarna en palabras de su padre y madre: «tantas otras historias dolorosas y evitables, de vidas arrebatadas por la violencia machista y por un Estado que se revela incapaz de actuar oportunamente».
Es por ello por lo que denunciamos la importancia de adherir a esta Ley sin modificaciones ni restricciones que la desvirtúen a su efectiva implementación. No solo es una urgencia y una deuda ética en beneficio de la ciudadanía tucumana que no escapa a la realidad nacional en materia de violencia contra las mujeres, sino que también forma parte de compromisos asumidos por el Estado Argentino en Tratados Internacionales de Jerarquía Constitucional o superior a las leyes.
Sin capacitación permanente, formación, sensibilización y entrenamiento para el abordaje de las violencias de género con perspectiva de género, no es posible garantizar la eliminación de la discriminación hacia las mujeres ni su derecho a vivir una vida sin violencia en cualquier ámbito en el que desarrollen sus relaciones interpersonales.
La Universidad Nacional de San Luis, adhiere a estos postulados desde la instancia de formación y a través de políticas de género en el ámbito universitario, mediante la aprobación del Protocolo de Intervención Institucional ante denuncias por situaciones de violencias de géneros, identidad de géneros y discriminación, Ordenanza C.S. Nº 33/2017. Con la consecuente designación, mediante concurso de este Equipo Técnico Interdisciplinario, formado en perspectiva de géneros como autoridad de aplicación.
Además, en consonancia con estas políticas, el 18 de junio de 2019 la Universidad adhirió a la Ley Micaela mediante Resolución – R. Nro. 838, dando cumplimiento con su primera etapa de capacitaciones a autoridades el 4 y 5 de noviembre del mismo año.
Actualmente, nuestra Institución conforma la Red universitaria de Género (RUGE) en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). A esto se suma que el CIN en acuerdo plenario Nro. 1076/19 decidió adherir las instituciones públicas que lo integran a lo previsto en la Ley Micaela para sus autoridades superiores, docentes, nodocentes y estudiantes.
Ante lo expuesto solicitamos fehacientemente y en total convicción que la provincia de Tucumán adhiera a la Ley Micaela, en respeto a la Constitución Nacional, a los Tratados de Derechos Humanos y ante la urgencia en violencia de género que demanda la coyuntura social en Argentina.