Esta iniciativa estará a cargo de la Coordinación de Derechos Humanos y el Programa de Historia y Memoria de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), quienes buscan crear una comisión de restitución, digitalización y preservación de legajos. A partir de esta política de memoria, la documentación será entregada a familiares, con copia en la guarda permanente del Archivo Histórico de la Institución.
El proceso de restitución tomará un período que abarca desde los años 1970 hasta 1976, tiempo en el que las víctimas cursaron en la UNSL. En una primera instancia, digitalizarán la documentación de Raúl Sebastián Cobos, Beatriz Argentina Quevedo, Santana Alcaráz, Pedro Valentín Ledesma, Isabel Catalina Garraza y Ana María Ponce. Por otra parte, también procederán a realizar este trabajo de archivo con quienes fueron expulsados injustamente de la Institución por cinco (5) años. A estos casos no se les formó causa judicial, sino que sus nombres fueron mencionados en sesiones de tortura por conocidos.
«Esta acción concreta es una deuda que teníamos como Universidad, como Institución y como ciudadanos, devolverles esa identidad que para las familias es muy importante y para nosotros también porque la Universidad no se olvida; buscamos reivindicar la memoria y ese paso por la UNSL. Esto va más allá de una conmemoración», expresó la coordinadora del Archivo Histórico y Documental de la UNSL, Dra. Sonia Riveros.
Esta petición al Consejo Superior, surge a partir de los antecedentes de otras universidades del país en las que se viene realizando la reparación y entrega de legajos a estudiantes, docentes y nodocentes, víctimas del terrorismo de Estado. Es por ello que Riveros invitó a que se puedan sumar al equipo desde distintos claustros con el objetivo de retomar experiencias, buscar, sistematizar, restituir, digitalizar y, en definitiva, preservar estos legajos que forman parte de la identidad no solo de las víctimas y de las familias, sino también de la Universidad.
La Coordinadora del Archivo Histórico explicó que hay legajos que no están, pero que el nexo con otras universidades fue fundamental para capacitarse en la temática y compartir conocimientos. Es así como pudieron resolver este faltante y recuperar esas trayectorias a partir de las actividades académicas, como las actas de examen. En este sentido, Riveros afirmó: «va a ser trascendente para la Universidad porque este es un trabajo por la memoria. Hay todo un camino que se abre y es nuestra intención contribuir a fortalecer la identidad, entender qué nos pasó (…)».
Por su parte, la coordinadora del espacio de Derechos Humanos de la UNSL, Esp. Ana María Garraza, manifestó que este tipo de acciones se vinculan con la posición que ha adoptado permanentemente la Universidad. Respecto a esto, dijo: «nuestra Universidad tiene una postura y un accionar respecto a la defensa y a la promoción de derechos humanos que se traduce en muchas tomas de decisiones político-institucional. Es una manera de posicionarse frente a la historia y a la actualidad».
Asimismo, Garraza indicó que es vital tener comprensión de dos (2) conceptos: qué son los derechos humanos y qué es la memoria. Frente al primero, explicó: «cuando hablamos de derechos humanos no solamente es tratar de mirar la violencia institucional o estatal, sino, fundamentalmente, a los derechos que como seres humanos deberíamos todos tener acceso, porque nos corresponde pero aún son vulnerados».
En lo que refiere a memoria, la Especialista definió que la memoria no es pasado, sino que es tratar de vincular, analizar, reflexionar, acerca de cuál es el entrelazamiento entre los hechos históricos y la actualidad. «Cuando se habla de delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado, se habla de delitos que siguen vigentes», afirmó.
La Coordinadora Institucional de Derechos Humanos, brindó un ejemplo claro acerca de la perpetuidad de estos hechos: «si la sociedad argentina y las familias en específico aún no pueden hacer el duelo porque no tienen el cuerpo, no tienen dónde llorar a su familiar, dónde llevarles una flor, dónde rezarle, entonces es algo que no está cerrado. No solo desde el punto de vista moral, afectivo, emocional, sino también desde lo legal y penal. No fueron capaces de romper el pacto de silencio y brindarles a las familias la posibilidad de duelo. Sigue hiriéndonos, nos pasó como pueblo, nos pasó como sociedad, nos pasa», expresó Garraza.
Además, la Especialista narró cómo vivió ella este proceso. «Esta labor me toma muy personalmente porque una de las expulsadas fue mi hermana mayor. Ella estudiaba Bioquímica y estaba terminando el profesorado en Química. Fue expulsada paralelamente al secuestro y la detención que tuvimos toda mi familia. Mi hermana era pareja de Pedro Valentín Ledesma, estudiante de Pedagogía y compañero mío de la escuela, él sigue en calidad de desaparecido», contó con emociones encontradas.
Para ambas Coordinadoras, este arduo trabajo significará una reivindicación de la Universidad hacia la identidad y la memoria. Destacaron que todas las Universidades Públicas Argentinas toman un rol de permanente cuestionamiento sobre la formación de pensamiento crítico, que, a su vez, forman ciudadanos y ciudadanas, pero no como devolución sino como responsabilidad personal y social.
Crédito de nota: Leisa González, estudiante de la Licenciatura en Periodismo. Becaria en Prensa Institucional de la UNSL.